Es una cuestión candente, y de extraordinario interés político. Incluso hay voces (democráticamente disparatadas) que exigen un gobierno sólo de "expertos y técnicos". Me parece que este artículo de The Guardian (29. abril 2020) es muy esclarecedor. Por eso lo recojo en este blog. La traducción es mía.
“Obedecer sólo a la ciencia” no existe; el asesoramiento del coronavirus es político
Jana Bacevic, socióloga de la Universidad de Cambridge
A estas alturas de la crisis del coronavirus el gobierno parece haber cometido error tras error. El Reino Unido fue lento en imponer un confinamiento que parecía inevitable, la escasez de equipos de protección personal contribuyó a unas muertes innecesarias y parece dudoso que el gobierno vaya alcanzar al final de esta semana el objetivo que él mismo se ha fijado de 100.000 test diarios. Mientras otros dirigentes europeos han presentado itinerarios de un plan para la salida del confinamiento, explicando los argumentos científicos que respaldan sus respectivos métodos, la estrategia de salida del Reino Unido sigue siendo poco clara. Hasta que The Guardian reveló los nombres de los veintitrés miembros del Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), sus identidadesestuvieron envueltas en secreto.
El gobierno nos ha estado diciendo a cada momento que “sigue a la ciencia”. Su estrategia, se nos ha dicho, viene informada por “la mejor ciencia disponible”. Aunque la evidencia científica pueda ser una justificación de base para la acción (o inacción) del gobierno, la política y la sociedad son mucho más complejas de lo que el gobierno nos habría hecho creer.
De entrada, algo así como “la mejor ciencia disponible” no existe. Los científicos normalmente no están de acuerdo en diferentes temas, desde problemas teóricos hasta metodologías y descubrimientos, y las decisiones respecto del tipo de asesoramiento científico a tener en cuenta son altamente políticas. Los individuos, las disciplinas y las instituciones que se invitan a la mesa reflejan la distribución de los fondos para investigación, el prestigio y la influencia, así como la escala de valores y objetivos de los políticos y los gobernantes. Cuando llegó el momento de la austeridad, por ejemplo, el anterior gobierno de coalición ignoró las advertencias de muchos macroeconomistas sobre la evidencia que respaldaba sus propios puntos de vista. Si no existe un “árbol de dinero mágico”, tampoco existe, por supuesto, un árbol mágico de “la mejor ciencia”.
El cometido de comités de asesoramiento científico como el SAGE es destilar la investigación científica existente de modo que pueda informar la política. Pero sus informes están limitados, de entrada, por las cuestiones que les someten los políticos. En situaciones de emergencia tales cuestiones no son tanto del tipo “¿cuál es la mejor ciencia sobre X?” cuanto del tipo “¿qué clase de intervención es buena para prevenir Y?”. Lo que los responsables políticos priorizan en tales momentos es un tema de discernimiento político: ¿las vidas de ancianos y enfermos?, ¿la economía?, o ¿los índices de aprobación política? Importan estas decisiones; y también importa qué cuestiones no preguntan los políticos, como si el coronavirus va a afectar desproporcionadamente a la gente de comunidades de color o de minorías étnicas, o si los efectos del confinamiento serán peores para las mujeres.
Los políticos tienden a favorecer la clase de ciencia que se alinea con preferencias suyas previas. En el peor de los casos ello puede llevar a mezclar datos, lo que peyorativamente se conoce como “evidencia de base política”. Pero no hace falta llegar a tal extremo. Por ejemplo, desde enero estuvieron llegando desde China estudios que sugerían un índice de transmisión de la COVID-19 muy alto, y Neil Ferguson, cuyo equipo ha estado tras el estudio que se cita como determinante del cambio de rumbo en la gestión británica de la pandemia, presentó su informe en la conferencia COBRA* ya el 24 de enero. En febrero aparecieron en revistas científicas estudios sugiriendo que una proporción sustancial de casos de COVID-19 podían ser asintomáticos. Había ya evidencias para el apoyo de un distanciamiento social generalizado. Pero un cambio de dirección política fue lo que hizo que esta clase de datos se presentaran como “la ciencia”.
Esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza social del conocimiento científico. Los modelos científicos son apreciaciones, no oráculos. Los científicos pueden decirles a los políticos en qué circunstancias es probable que sus modelos funcionen, pero ellos no tienen la responsabilidad de crear tales circunstancias. Echar la culpa a los epidemiólogos de las consecuencias de la estrategia del gobierno con el COVID-19 es como culpar a los climatólogos de no prevenir la crisis climática. Los científicos pueden proporcionar evidencias, pero actuar sobre las mismas requiere voluntad política.
Cuando se llega a la acción de gobierno, tienden a tener prioridad las consideraciones económicas y políticas. La demora británica en imponer un confinamiento se debió, en parte al menos, al deseo de posponer, si no evitar, una recesión económica. La decisión del gobierno de mantener abiertos los colegios estuvo motivada por su deseo de permitir a la gente seguir trabajando. La negativa a sumarse al esquema de desarrollo de una PPE probablemente tuviera la intención de favorecer a proveedores locales, a la vez que evitar no ser vistos como “incumplidores” del brexit.
La única clase de “ciencia” cuyo papel no es claro en la respuesta del gobierno es la ciencia del conocimiento y la formación de la opinión pública. El listado de evidencias del SPI-B, el subcomité de intervenciones conductuales y sociales del SAGE, comprende 16 estudios y encuestas realizadas entre enero y marzo para rastrear la conciencia y percepción del riesgo, y la aprobación pública de diferentes tipos de intervenciones gubernamentales. Se puede argumentar, naturalmente, que la aprobación pública es necesaria para que las medidas sean eficaces: si la gente no está de acuerdo con ciertas medidas, es más probable que no las secunden. Pero eso no tiene en cuenta un aspecto importante en la relación entre ciencia, política y opinión pública: las opiniones de la gente sobre la ciencia son deudoras del modo en que se presentan los datos en las directrices oficiales y en los medios.
En este sentido, el consejo de la Sanidad Pública -que durante la mayor parte de marzo se centró en el lavado de las manos y el aislamiento de los casos sintomáticos- puede haber dado pie a una profecía autocumplida: si la gente creyó en las directrices oficiales, no es sorprendente que hayan sido renuentes a soportar un confinamiento y un distanciamiento social más estrictos. Sólo después de que una serie de expertos independientes , incluido entre ellos el editor de The Lancet, Richard Horton, comenzaran a cuestionar abiertamente la estrategia del gobierno, la opinión pública se inclinó abrumadoramente a favor de un confinamiento.
Dado que tanto los resultados de estos estudios como las actas de SAGE y de COBRA siguen siendo confidenciales, no hay modo de decir exactamente cómo ha influido en la estrategia del gobierno la percepción de aprobación pública de diferentes tipos de medidas. Pero poner el foco en un único elemento de esta cadena – “la ciencia”- evita las cuestiones referentes a la responsabilidad política. Cómo la ciencia se vuelve política depende de cálculos políticos y económicos, así como también de los compromisos morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores de la política. Raramente se trata, si alguna vez sucede, de solamente “la ciencia”
