En el Día Mundial de la Filosofía: la utilidad de lo inútil

 

"La utilidad de lo inútil" es el título del librito-manifiesto de Nuccio Ordine publicado por Acantilado en 2017, y me parece más que apropiado para celebrar o, al menos, recordar que hace unos quince años la UNESCO decidió proclamar DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA el tercer jueves de cada noviembre, y por tanto, en el año 2020, el jueves 19 de noviembre.

Yo aterricé en la vida civil con veintinueve años y dos licenciaturas eclesiásticas: en Teología y en Ciencias Bíblicas. Si me hubiera asentado en la luterana Alemania o en la pérfida Albión, a la hora de buscar trabajo habría podido utilizarlas, al menos, como títulos universitarios habilitantes. Pero en la papista España de Franco, ni siquiera eso. Yo era un especialista de lo inútil. "¿Y eso para qué sirve?", me preguntaban quienes querían conocer mis posibles habilidades.

Todos sabemos que "filosofía" es, en su griego original, lo mismo que amor a la sofía, y suele añadirse que sofía es lo que en español llamamos sabiduría. 

 La RAE nos explica que sabiduría es el "grado más alto del conocimiento", "conducta prudente en la vida o en los negocios", "conocimiento profundo en ciencias, letras o artes" o, más genéricamente, lo mismo que noticia o conocimiento.

Pero, si nos vamos a los griegos, sofía fue antes que nada habilidad manual (en la Ilíada a Hefesto le ha enseñado Atenea la sofía del constructor de navíos), y luego habilidad poética; más adelante asciende a sabiduría o ciencia y, en particular, conocimiento de las causas, para volver por último al terreno de lo ordinario convertida en sabiduría práctica o, también, astucia.

La sapiencia de los latinos, de donde proviene directamente nuestra sabiduría, comparte con la sofía griega un étimon indoeuropeo (sop-/sap) que significa algo así como "jugo de las cosas". Si a los griegos les atrajo de entrada, como se ha visto, su manejo, el latino va antes que nada a disfrutarlo, principalmente por el gusto y el olor: saber es sacar el jugo a las cosas; saborear. O, también, la facultad misma del paladar. Luego pasa a significar sabiduría, prudencia, buen juicio (que es lo que Cicerón dice admirar en un amigo suyo); y Plinio muestra el deseo de "per sapientiam mori", morirse con pleno conocimiento. 

Para este año la UNESCO cree que el Día Mundial de la Filosofía debería llevarnos a:

1) Alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy en día la humanidad.

2) Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o la incorporación a la modernidad.

3) Hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso.

4) Subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras.

5) Renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía.

Cuando voy con mis nietos más pequeños, Martín y Sabina, de cinco y tres años, lo que más hacen es preguntar. Me imponen su lección de filosofía.

 

 

 

 

 

Cabreo republicano y fraude electoral

 Hace ahora doce años, había ganado Obama, y Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, no se anduvo con chiquitas: "No generamos suficientes blancos cabreados como para seguir en el negocio a largo plazo".         Resumía así el apocalipsis demográfico que se había abatido sobre el Partido Republicano: el presidente negro les había sacado una diferencia de 8.5 millones de votos, y se había quedado con un total de 15 millones de nuevos votantes. Al "puto negro" lo habían votado el 66 % de los hispanos, el 62 % de los asiáticos, el 56 % de las mujeres, el 66 % de los votantes menores de 30 años y el 95 % de los afroamericanos (negros). Lo de estos últimos era de esperar, pero no estaba prevista su tasa de participación que, por primera vez en la historia, casi había igualado a la de los blancos. Y, para colmo, Obama se había quedado con una parte importante del voto blanco de John Kerry en 2004: jóvenes y pobres, sobre todo; la afluencia a las urnas de personas con ingresos de menos de 15.000 dólares al año saltó de un 18 % en 2004 a un 34 % en 2008. El número de votantes blancos se había mantenido más o menos el mismo que en 2004, pero ahora habían acudido a las urnas 2 millones más de afroamericanos, 2 millones más de hispanos y 600.000 asiáticos más.

Asustado, el director de la conservadora National Review, Rich Lowry, se preguntaba: "¿Pero dónde se han metido los republicanos?, ¿es que se han trasladado todos a Utah?". 

La vía de solución, la señaló desde el principio, y sin tapujos, Paul Weyrich, un activista conservador y fundador del American Legislative Exchange Council (ALEC): "Yo no quiero que vote todo el mundo", y advertía enseguida que "el apalancamiento del Partido Republicano en las elecciones mejora claramente a medida que baja la población votante".

ALEC tomó entonces la iniciativa de redactar normas-modelo de identificación del votante que con tanta corrección como impiedad dificultaran el voto a los negros y a otras minorías. Sencillamente, había que suprimir votantes legalmente. Y los Estados empezaron a legislar en esa dirección. 

Al mismo tiempo, de modo parecido a como desde su "Southern Strategy" el Partido Republicano había equiparado, sobre todo en el tema de las drogas, a negro con delincuente, y a negro delincuente con demócrata, comenzaría ahora a relacionar a demócratas con afroamericanos y generalización del fraude electoral.

El objetivo era, como manifestó en 2012 un partidario del candidato republicano Mitt Romney, "volver a poner a un blanco en la Casa Blanca".

En este contexto uno de los cambios más onerosos, aunque suena a inocuo, es el requisito de una identificación fotográfica del votante emitida por el gobierno del Estado. El Brenan Center for Justice calcula que "hasta un 12 por ciento de votantes elegibles en toda la nación pueden no tener documento de identificación fotográfica emitido por el gobierno", y que "probablemente ese porcentaje es más alto entre estudiantes, ancianos y personas de color". De hecho un informe conjunto de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) y su Legal Defense and Educational Fund subrayó el "alarmante" impacto de la norma: el requisito de identificación eliminaba a más de 6 millones de votantes afroamericanos y a casi 3 millones de latinos. En números redondos, un 25 % de los votantes negros y un 16 % de los votantes latinos; mientras que "solamente un 8 % de votantes blancos carecen de identificación fotográfica emitida por el gobierno válida".

Las leyes de Georgia son ilustrativas del impacto de una medida de esta clase. El Estado exige tres categorías diferentes de documentos para una identificación fotográfica emitida por el gobierno. La primera es la prueba de ciudadanía, que requiere en una abrumadora mayoría de casos o un certificado de nacimiento o un pasaporte, cuyo coste (para el trabajador pobre, en torno al 10 % del salario de un mes) los aleja del alcance de muchos. Hasta un total de 13 millones de ciudadanos americanos no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, según informes del Brenan Center, y el fenómeno guarda una marcada correlación con las minorías, los pobres y los ancianos. En segundo lugar, Georgia exige el número de seguridad social del posible votante, que es o la tarjeta misma o un W-2 (certificado de nómina e impuestos), que implica un empleo. Ahora bien, en 2011 el desempleo negro en Georgia era del 11.4 %. En la capital Atlanta casi una cuarta parte de los afroamericanos estaba desempleada, frente a un 3.1 % de los blancos. Por consiguiente, contar con un W-2 tiene unas implicaciones raciales importantes y del todo obvias. Finalmente, como prueba de residencia Georgia exige dos envíos postales con dirección: por lo general, un extracto bancario y una factura de servicios públicos. Pues bien, más del 20 % de los afroamericanos, frente al 3 % de los blancos, carece de cuenta bancaria. Y, básicamente por razones económicas, casi el 6 % de las familias estadounidenses vive en hogares multigeneracionales; es el caso especialmente  de afroamericanos, jóvenes de menos de treinta y cinco años, asiáticos y latinos. En las facturas de servicios públicos sólo aparece un nombre, y por tanto todos los demás adultos tienen difícil probar que efectivamente viven en el domicilio señalado. 

El gobernador republicano de Wisconsin Scott Walker tomó otro rumbo: después de promover una ley exigiendo la identificación fotográfica emitida por el gobierno para votar, procedió a cerrar las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (algo así como nuestra DGT) encargado de emitirlas, en áreas de votantes demócratas, y a la vez amplió el horario de las mismas en las plazas fuertes republicanas.

También Alabama promulgó una ley de identificación del votante en 2011 y a continuación determinó cerrar oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados en los condados de su Cinturón Negro. A la vista del escándalo que se armó a nivel nacional, el gobernador Robert Bentley se avino a abrirlas al menos un día al mes.

Otra táctica de privación de derechos consiste en hacer lo posible por eliminar o recortar el voto anticipado, esencial para los que no pueden abandonar el trabajo un martes para ir a votar, como sucede a quienes tienen que fichar o al que no se dispone más que de una hora para el lunch y trabaja a kilómetros del lugar de residencia y, por tanto, de votación. Y más, teniendo en cuenta que en las elecciones de 2008 se habían registrado esperas de seis a doce horas en la cola para votar, y más largas todavía en los recintos de afroamericanos y latinos. De modo que el voto anticipado suponía una solución importante y de éxito demostrado; pero éste era el problema.

         En 2011 el nuevo gobernador de Florida Rick Scott, escudándose en que por la integridad de las urnas y de la democracia había que poner más difícil el "fraude electoral", no sólo redujo el voto anticipado de dos semanas a ocho días, sino que anuló también la posibilidad de votar el domingo inmediatamente anterior a la jornada electoral. Estaba calculado. En todo el Estado más de un tercio de los que votaron ese domingo en 2008 fueron negros. Y en el condado de Palm Beach más del 60 % del voto anticipado fue de afroamericanos, muchos de los cuales habían tomado el autobús nada más salir de la iglesia para ir a echar sus papeletas.

         Utilizada años antes en Arizona, otra herramienta de privación de derechos consistió en enviar correos masivos a los barrios de minorías, esperar la devolución de las tarjetas marcadas con "devolver al remitente", cotejar esos nombres con las listas públicas de electores y exigir entonces su purga de las listas. En las elecciones de 2012 muchos electores descubrieron que no podían votar al llegar al lugar de votación y comprobar que sus nombres habían desaparecido de las listas por este procedimiento. En Florida, una vez pasada la elección, el Secretario del Estado halló que en vez de los 180.000 nombres eliminados por este procedimiento sólo tenían que haber sido purgados de la lista 85 nombres.

Para 2014 como mínimo 22 Estados habían aprobado normas de restricción de votantes: todas, bajo el disfraz de proteger la "integridad" de las urnas y la democracia; y todas, con la intención de limitar y frustrar el ejercicio de voto de los negros y de otras minorías.

 

 

Nota: En estos días en que (al margen de las barbaridades de Trump) a muchos nos interesa tanto como nos intriga la dificultad de los americanos para contar los votos válidos de sus últimas elecciones, me ha parecido conveniente extraer datos y consideraciones relevantes del capítulo 5 ("How to Unelect a Black President") del libro de Carol Anderson "White Rage. The Unspoken Truth of Our Racial Divide". New York etc., Bloomsbury, 2016.

Casado, Reagan y las drogas

 

         El pasado jueves 22 de octubre Casado, aspirante a gallo exclusivo en el gallinero de la derecha, sacó todo tipo de espolones contra el gallito Abascal. Al final de su contrarréplica, como para resumir la desagradecida mala interpretación que éste había hecho del sentido de la formación política de la que viviera quince años, le espetó el siguiente párrafo (www.congreso.es; la transcripción es de mi exclusiva responsabilidad): 

         "A usted, que le gusta Reagan como a mí, acuérdese cuando hablaba que la política ya no son dos vectores, ya no hay derecha e izquierda, hay arriba y abajo. Pero no abajo la lucha del proletariado y arriba las clases que algunos preconizan porque no han aprendido de quedar sepultados en los cascotes cuando cayó el muro de Berlín; no, es el abajo del intervencionismo, del colectivismo, de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa, y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado, que aspira a que no le digan lo que tiene que hacer, que aspira a poder avanzar y que ayudando a su familia, levantando la persiana, tirando adelante para pagar a sus trabajadores no se da cuenta que está contribuyendo a su país y también a la Unión Europea y a su Comunidad."

         Me llamó la atención la cita de Reagan.

         En su obra "White rage. The unspoken truth of our racial divide" (Bloomsbury Publishing, 2016) la profesora Carol Anderson recorre la historia norteamericana señalando las escandalosas reacciones que siguieron a los costosos avances de la minoría afroamericana. Entre las últimas, frente a los avances del Movimiento por los Derechos Humanos y la Voting Rights Act de 1965, la conocida como "Guerra de las drogas".

         Me voy a limitar a traducir (prescindiendo del aparato crítico), para quienes lean esto, lo que en la citada obra se dice de la intervención de Reagan y su administración en esta guerra, de modo que podamos entender mejor lo que pregona Casado sobre el "abajo del intervencionismo, del colectivismo, de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa, y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado":

         

            "En 1979, después de que una coalición de nicaragüenses moderados y marxistas derrocara al despiadado dictador y durante mucho tiempo aliado de Estados Unidos Anastasio Somoza, llegaron al poder en Managua los comunistas sandinistas. Reagan no lo consideró una revolución interior nacida de unas condiciones intolerables de codicia, tortura y violaciones de los derechos humanos. No; estaba convencido de que los sandinistas no eran más que títeres soviéticos movidos por Moscú para promover la revolución en el patio trasero de América. Por eso se obsesionó con eliminar a los sandinistas.

            Poco después de tomar posesión, Reagan ordenó al director de la CIA William Casey hacer lo que hiciera falta para apoyar a un pequeño grupo de guerrilleros antisandinistas conocidos como Contras, la mayoría de los cuales provenían de la temida y odiada Guardia Nacional de Somoza. El 23 de noviembre de 1981 Reagan emitió una directiva para canalizar a los Contras a través de la CIA 19.3 millones de dólares. Pero no era suficiente, argumentó Enrique Bermúdez, el fundador del grupo guerrillero. Necesitaban mucho más. En diciembre de 1981 "Reagan firmó una orden secreta autorizando la ayuda a la Contra con el objetivo de echar a los sandinistas". El único problema era dónde mandar esos fondos; la orden simplemente indicaba los límites dentro de los que los presupuestos de la CIA y del National Security Council (SNC) podían contribuir a la financiación de la Contra. El Congreso en aquel momento, quemado con la debacle de Vietnam, no estaba como para que jugaran con su bolso.

            Y así, en un encuentro de diciembre de 1981 los líderes de la Contra, a los que Reagan se refirió como el "equivalente moral de los Padres Fundadores", lanzaron la idea de que el tráfico de cocaína en California produciría suficientes beneficios como para armar y entrenar a la guerrilla antisandinista. Con la mayor parte de la red ya creada, el plan era bastante sencillo: estaban los cárteles de Medellín y Cali en Colombia; los aeropuertos y el blanqueo de dinero en Panamá dependían del presidente Manuel Noriega; se sabía la ausencia de vigilancia por radar para que aterrizaran en Costa Rica los primeros depósitos transportados; y en la base aérea de Ilopango, a las afueras de San Salvador, había armas y almacenes de drogas. El problema estaba en la imposición de la legislación estadounidense que protegía los puntos de entrada clave a un mercado lucrativo. Pero con la CIA y el NSC dispuestos ahora a intervenir y mantener bajo control al FBI, al Servicio Aduanero de Estados Unidos y a la DEA (Drug Enforcement Administration), la antes formidable línea defensiva se quedaba en un estorbo poroso. El "equivalente de los Padres Fundadores" de Reagan estaba ahora dispuesto a inundar los Estados Unidos de cocaína.

            Para empezar, los exilados nicaragüenses Oscar Danilo Blandón y Norwin Meneses, cuyo sobrenombre era El Rey de las drogas, montaron sus operativos mayoristas en San Francisco. Pero, aunque tenían ya el producto, no contaban todavía con una red de distribución para trasladar a los mercados minoristas el envío inicial de cocaína. El circuito sólo se cerró cuando conectaron con Rick Ross, un hombre negro analfabeto pero emprendedor que se convirtió en el canal entre los corredores de droga de la Contra y las pandillas Bloods y Crips de Los Ángeles.

            El resultado fue del todo explosivo. De los mayoristas de la Contra salía empaquetada cocaína de primera calidad que, vendida en pequeñas pelotas de crack, alcanzaba un beneficio minorista de más de 230.000$/kilo. Entonces el dinero de la droga y toda la violencia concomitante machacó a una población con un índice de paro de dos dígitos y salarios en disminución real.  La fuerza logística de Bloods y Crips, con un total estimado de más de cincuenta mil pandilleros, fue extendiendo el dolor conforme se establecían franquicias de droga por todo Estados Unidos vendiendo crack en menú de dólares. Pronto el crack estuvo por doquier, debilitando las bases de los barrios negros.

            Mientras la recién creada crisis de las drogas amenazaba la seguridad de millones de afroamericanos, la administración centró sus esfuerzos en facilitar a los rebeldes un mayor acceso a armas compradas con dinero negro. El vicepresidente George H.W. Bush (ex director de la CIA) y su asesor de seguridad nacional Donald Gregg (ex agente de la CIA), trabajaron con William Casey para poner en marcha un programa llamado Black Eagle (águila negra), ideado para burlar al Congreso y proporcionar armas a la Contra. Una vez solidificados los conductos logísticos, quedó claro que Manuel Noriega resultaba esencial para la operación. En una serie de negociaciones top-secret funcionarios estadounidenses pusieron a punto derechos de aterrizaje en aeropuertos panameños para los aviones de Black Eagle con transporte de armas para la Contra y la utilización de compañías panameñas para el blanqueo de dinero.

            Noriega, que contaba ya con una participación en el cártel de Medellín de 400 millones de dólares, se percató de la rentabilidad de este trato con la Casa Blanca y comenzó a desviar al Sur de Estados Unidos aparatos y pilotos de Black Eagle para los vuelos de transporte de droga. La respuesta de la administración Reagan frente a lo que debía haber sido considerado como una afrenta diplomática -especialmente después de que el Presidente fichara a George H.W. Bush para dirigir las actividades contra la droga en el Sur de Florida- fue hablar y meter ruido. Exigió, sencillamente, al presidente panameño destinar un porcentaje de sus beneficios con la droga a la compra de más armas para los Contras.

            De este modo, aunque Reagan presumió ante el público americano de utilizar recursos militares de los Estados Unidos "para bloquear la droga antes de traspasar las fronteras de otros países", la protección de su gente a Noriega y a los traficantes colombianos permitió de hecho, activamente, importaciones de cocaína a Estados Unidos que se dispararon en un 50 por ciento en tres años. Sólo la parte del cártel de Medellín fue de un billón de dólares al año en ventas. La protección de la administración Reagan a los traficantes de droga dio todavía un paso más cuando en 1982 la CIA obtuvo del Departamento de Justicia la aprobación para guardar silencio en cualquier "expediente" clave de la agencia que tuviera que ver con la manipulación, el transporte o la venta de narcóticos.

            Esta red de protección de la Casa Blanca de los principales traficantes de droga actuó a fondo después de que el Congreso, por una serie de enmiendas en 1982 y 1984, cortó todos los fondos para la Contra y prohibió apoyo material y financiero de Estados Unidos para derrocar el gobierno de Nicaragua. Sin inmutarse ante la ley, la administración Reagan, simplemente, puso en marcha fuentes de ingreso alternativas e ilegales que ya tenía previstas: beneficios con droga y venta de armas a Irán. El teniente coronel Oliver North, director adjunto del NSC, procedió a poner en marcha esta operación que, más amplia y más dinámica, pronto reemplazaría a la Black Eagle de Bush."

 

El manifiesto, la necropolítica y un recuerdo

 

 

"En la salud, ustedes mandan pero no saben"

Manifiesto

de 55 sociedades científicas que representamos a más de 170.000 profesionales sanitarios.

1. Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. 

2. Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes. 

3. Aquí y ahora, la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos sólo consigue agravar las soluciones. Frenen ya tanta discusión y corran a la acción. 

4. Necesitamos un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política. 

5. Estos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios.

6. Son ustedes, como políticos, quienes además de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados. 

7. Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico. 

8. Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno. 

9. En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. 

10. Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos.  

Dos consideraciones, las dos de orden lingüístico:

         1/ El DRAE dice que manifiesto es un "escrito en que se hace pública declaración de doctrinas, propósitos o programas". Pues bien, sólo el punto 10 me ha parecido propio de un manifiesto: "las sociedades científicas ... ofrecemos nuestros conocimientos".

         2/      Según el mismo DRAE ciencia es un "conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente". Tratándose de sociedades "científicas", me ha extrañado no hallar en ninguno de los puntos del manifiesto un proceder mínimamente científico de observación, razonamiento o estructuración sistemática del comportamiento de gobernantes y, más en general, de políticos (que es en lo que se centran), con el propósito de deducir principios con que promover o combatir conductas (como tocaría en la ciencia moral pertinente) de acción pública.

         El editor de El País debió quedarse de una pieza al leerlo, y para hacer digerible la presentación del documento utilizó este calzador: "Seguramente, el detonante para este escrito es el rifirrafe al que los españoles han asistido casi en directo entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid para establecer unos umbrales mínimos con los que confinar los municipios más afectados y restringir más aforos y relaciones sociales." No es científico, por lo demás, el tenor del punto 9: en nombre, nada menos, que de "más de 47 millones de españoles".

         Pero sí, somos muchos, efectivamente, los españoles que asistimos preocupados a esta pugna no "entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid" sino del PP y de su buque insignia en Madrid contra el Gobierno de España. Y esa pugna tiene una base ideológica, programática, de la que es posible escribir científicamente. Es lo que ha hecho en el artículo "Necropolítica" Javier Segura del Pozo, Jefe del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública (https://conversacionsobrehistoria.info/2020/10/02/necropolitica/).

         Y acabo dejando constancia de una experiencia personal: la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha está en la Plaza de Zocodover de Toledo, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad. Una mañana me avisaron, como Delegado, de que unos operarios habían quitado los dos discos con la señal de "Zona de seguridad" que advertían de la prohibición de aparcar en la fachada principal del edificio. Comprendí enseguida el titular que el mismo día aparecía en las tripas locales de un diario de tirada nacional, y que más o menos decía: "Desde hoy los toledanos podremos aparcar en el Gobierno Civil". Los operarios que habían quitado las señales eran del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP. Solucioné el problema (entonces la amenaza de ETA estaba "científicamente" constatada; lo confirmarían más tarde los papeles de Bidart) con la urgencia y la firmeza que las leyes ponían en mis manos. No hubo pelea, ni se prolongó el rifirrafe. Pero la acción de aquel alcalde estaba basada en la convicción política de que el Estado sólo es legítimo si lo gobiernan los míos. Así se lo habían enseñado o así lo había oído. Es un contexto científicamente demostrable, como prueba este vídeo https://youtu.be/GUy4fwKSLzc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

El pandemonio de Muñoz Molina

​Ayer domingo 27 de septiembre publicó Antonio Muñoz Molina en El País un artículo que me causó honda impresión. Su título era "La otra pandemia", y el resumen que lo seguía rezaba: "La política española es tan destructiva como el virus. Contra éste llegará una vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos".

​La autoridad, e incluso admiración, literaria no me ciega como para no someter a crítica lo que leo. Por eso después de aquella honda impresión me puse a destripar lo que encerraban palabras en general tan propias y bien trabadas.

​Hace unos años el sociólogo, filósofo y catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca publicó un estudio que recomiendo: una singular forma de crítica textual consistente en reunir textos de opinión de personas reconocidas por la calidad literaria de sus escritos y cotejar con la realidad y lo que dicen los expertos las opiniones por ellas vertidas. Éste: Ignacio Sánchez-Cuenca, La desfachatez intelectuaL: Escritores e intelectuales ante la política, Los libros de la catarata, 2016.

Uno de los autores que Sánchez-Cuenca somete a su bisturí crítico es Antonio Muñoz-Molina, que, además de tocas temas políticos en sus artículos de opinión de El País, en 2013 había publicado "Todo lo que era sólido", texto directamente dedicado a la crítica de la situación española y de nuestros políticos. A modo de resumen el profesor desvela así lo que le ha deparado su recorrido: "Las opiniones políticas de los Savater, Cercas, Muñoz Molina, Juaristi, Azúa, Vargas Llosa, Marías, Espada, etc. tienen a estas alturas algo de pintoresco. Siempre es agradable leer su prosa, resulta entretenido estar al tanto de sus obsesiones, pero es difícil tomárselas muy en serio cuando hablan de política."

​De Muñoz Molina es interesante ver cómo encaró, por ejemplo, el que sería detonante (nunca mejor dicho) del final de ETA (otra pandemia): "Se confirmaron mis peores barruntos, el sentimiento de vejación de ver un país entero dependiendo de individuos con capuchas... Esas actrices que repartían flores como si repartieran esperanza... ¡La esperanza no me la dan los pistoleros! Toda la situación que ha precedido a este atentado me ha parecido vejatoria para la dignidad democrática del país. Sentí eso: la humillación de un Estado que ha sabido tener dignidad". Sánchez-Cuenca comenta: "La reflexión de Muñoz Molina tras el atentado de la T-4 fue especialmente interesante por situarse en un registro puramente moral".

​En 2006 empezó a adueñarse de la vida pública (y, sobre todo, publicada) española la pandemia de la crisis económica: "A base de denuncias de constructores horteras -comenta el autor de "La desfachatez intelectual"-, funcionarios indolentes, políticos zafios e intelectuales acomodaticios Muñoz Molina establece una complicidad con el lector, que si está leyendo el libro ("Todo lo que era sólido") es porque en última instancia se ve a sí mismo como una víctima más de la mediocridad circundante que se ha apoderado del país; sólo están a salvo los lectores del libro, esos ciudadanos que, como Muñoz Molina, son insobornables y conservan la capacidad para escandalizarse frente a una sociedad que se ha dejado corromper o que ha transigido con la corrupción. En este sentido el libro a mí no me pareció 'valiente': lejos de ir a contracorriente , da respetabilidad intelectual al clima de opinión dominante según el cual toda la culpa de nuestros males es de los políticos. Valiente, en este contexto, habría sido alzarse contra los tópicos asfixiantes sobre la política que se han establecido en España, no darles carta de naturaleza."

​Y, por último, también en aquellos años de la crisis, pero esta vez volviendo su mirada a la política de recuperación de la memoria histórica, Muñoz Molina llega a decir: "En 2006, las noticias más urgentes eran casi siempre acerca del pasado. Excavaciones de fosas de ejecutados e indagaciones judiciales sobre verdugos muertos 30 ó 40 años atrás ocupaban aquella extraña actualidad en la que el presente casi no existía sino como reiteración fantasmal de las confrontaciones sanguinarias de hacía tres cuartos de siglo". La exageración le sirve a Muñoz Molina -concluye Sánchez-Cuenca- para construir una tesis abracadabrante: a saber, que la razón por la que nadie vio la crisis económica que se nos venía encima fue que todo el mundo andaba pendiente del debate sobre la guerra civil y el pasado.

​Situado en este contexto crítico, escrutador, he vuelto a leer "La otra pandemia", y voy a reproducir algunos párrafos y a comentarlos brevemente.

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​​(1) "España es un país de discursos sonoros y de teléfonos oficiales que​no contestan nunca, de asesores innumerables y centros de salud en los que falta ​material sanitario y hasta de limpieza, de dirigentes políticos que prometen el ​paraíso de la independencia o la igualdad y médicos que para subsistir han de ​firmar contratos de una semana o de un día."

​​(2) "Médicos, enfermeros, limpiadores, repartidores de comida, ​reponedores de supermercados, policías, militares, cuidadores en ​residencias de ancianos, ​profesores, farmacéuticos: el número y la calidad ​de las personas que entregaron sus vidas haciendo trabajos esenciales ​durante los días más oscuros del confinamiento nos dan confianza en la ​solidez ​de nuestro país".

​Me llama muchísimo la atención que un país formado por personas como las del párrafo (2), que "nos dan confianza en la solidez de nuestro país", logren el desastroso y desanimante resultado que refleja el párrafo (1) a la hora de fajarse con su vida pública, con lo que es de todos.

 

​​"Pero la clase política española, los partidos, los medios que airean sus ​peleas y sus bravatas, viven en una especie de burbuja en la que no hay más ​actitud que la jactancia agresora y el impulso de hacer daño, y el uso de un ​vocabulario infecto que sirve sobre todo para envenenar aún más la atmósfera ​colectiva, para eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, enemigos a ​los que atribuir las culpas de todos los errores."

​

​No se me ocurre más que aquello de que "quod nimis probat nihil probat", lo que demasiado prueba nada demuestra.

 

​​"A quienes más se parecen ahora los independentistas catalanes en su ​insolidaridad y en sus ganas de gresca y de aprovechamiento del desastre es a ​los patriotas españolistas que malgobiernan la Comunidad de Madrid. A unos y ​a otros, el daño que puedan hacer al Gobierno central les importa más que el ​perjuicio de todos. Y en el Gobierno mismo, mal avenido y desnortado, los ​bocazas y los irresponsables entorpecen el trabajo de los que sí saben lo que ​hacen.

​​La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo ​y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en ​una estación de metro. Ciento cincuenta científicos de primer rango publican en ​TheLancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas ​hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la ​pandemia en nuestro país. El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando ​la curva de contagios ya está ascendiendo: ni una sola institución se hace eco; a ​mediados de septiembre, y solo después de que se publique un segundo ​manifiesto más alarmado todavía, el ministro de Sanidad propone a los ​científicos un encuentro para octubre. Se ve que no hay prisas."

 

​Por fin parece que el autor va a aterrizar y a perimetrar los males del país para a continuación indicar algunas vías de remedio. Lasciate ogni speranza: si algunas cosas de la Comunidad de Madrid van mal, ahí está el Gobierno  "mal avenido y desnortado" y desobediente al doble manifiesto de The Lancet para redirigirnos hacia la verdadera "otra pandemia". 

¡Menos mal que quedamos los buenos!

​"No sé, sinceramente, qué podemos hacer los ciudadanos normales, los ​no contagiados de odio, los que quisiéramos ver la vida política regida por los ​mismos principios de pragmatismo y concordia por los que casi todo el mundo ​se guía en la vida diaria. Nos ponemos la mascarilla, guardamos distancias, ​salimos poco, nos lavamos las manos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que ​podemos. Si no hacemos algo más esta gente va a hundirnos a todos."

​Ahora vuelvo a mi vida de jubilado, y me encuentro con que el escritor Antonio Muñoz Molina no me ha dado ni una pista sobre ese algo al que él condiciona que "esta gente" no nos hunda a todos. ¿No es raro que diagnóstico tan fino y preocupante no acabe en tratamiento alguno?

¿Sólo ciencia?

Es una cuestión candente, y de extraordinario interés político. Incluso hay voces (democráticamente disparatadas) que exigen un gobierno sólo de "expertos y técnicos". Me parece que este artículo de The Guardian (29. abril 2020) es muy esclarecedor. Por eso lo recojo en este blog. La traducción es mía. 

 “Obedecer sólo a la ciencia” no existe; el asesoramiento del coronavirus es político

Jana Bacevic, socióloga de la Universidad de Cambridge

A estas alturas de la crisis del coronavirus el gobierno parece haber cometido error tras error. El Reino Unido fue lento en imponer un confinamiento que parecía inevitable, la escasez de equipos de protección personal contribuyó a unas muertes innecesarias y parece dudoso que el gobierno vaya alcanzar al final de esta semana el objetivo que él mismo se ha fijado de 100.000 test diarios. Mientras otros dirigentes europeos han presentado itinerarios de un plan para la salida del confinamiento, explicando los argumentos científicos que respaldan sus respectivos métodos, la estrategia de salida del Reino Unido sigue siendo poco clara. Hasta que The Guardian reveló los nombres de los veintitrés miembros del Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), sus identidadesestuvieron envueltas en secreto.

El gobierno nos ha estado diciendo a cada momento que “sigue a la ciencia”. Su estrategia, se nos ha dicho, viene informada por “la mejor ciencia disponible”. Aunque la evidencia científica pueda ser una justificación de base para la acción (o inacción) del gobierno, la política y la sociedad son mucho más complejas de lo que el gobierno nos habría hecho creer.

De entrada, algo así como “la mejor ciencia disponible” no existe. Los científicos normalmente no están de acuerdo en diferentes temas, desde problemas teóricos hasta metodologías y descubrimientos, y las decisiones respecto del tipo de asesoramiento científico a tener en cuenta son altamente políticas. Los individuos, las disciplinas y las instituciones que se invitan a la mesa reflejan la distribución de los fondos para investigación, el prestigio y la influencia, así como la escala de valores y objetivos de los políticos y los gobernantes. Cuando llegó el momento de la austeridad, por ejemplo, el anterior gobierno de coalición ignoró las advertencias de muchos macroeconomistas sobre la evidencia que respaldaba sus propios  puntos de vista. Si no existe un “árbol de dinero mágico”, tampoco existe, por supuesto, un árbol mágico de “la mejor ciencia”.

El cometido de comités de asesoramiento científico como el SAGE es destilar la investigación científica existente de modo que pueda informar la política. Pero sus informes están limitados, de entrada, por las cuestiones que les someten los políticos. En situaciones de emergencia tales cuestiones no son tanto del tipo “¿cuál es la mejor ciencia sobre X?” cuanto del tipo “¿qué clase de intervención es buena para prevenir Y?”. Lo que los responsables políticos priorizan en tales momentos es un tema de discernimiento político: ¿las vidas de ancianos y enfermos?, ¿la economía?,  o ¿los índices de aprobación política? Importan estas decisiones; y también importa qué cuestiones no preguntan los políticos, como si el coronavirus va a afectar desproporcionadamente a la gente de comunidades de color o de minorías étnicas, o si los efectos del confinamiento serán peores para las mujeres.

Los políticos tienden a favorecer la clase de ciencia que se alinea con preferencias suyas previas. En el peor de los casos ello puede llevar a mezclar datos, lo que peyorativamente se conoce como “evidencia de base política”. Pero no hace falta llegar a tal extremo. Por ejemplo, desde enero estuvieron llegando desde China estudios que sugerían un índice de transmisión de la COVID-19 muy alto, y Neil Ferguson, cuyo equipo ha estado tras el estudio que se cita como determinante del cambio de rumbo en la gestión británica de la pandemia, presentó su informe en la conferencia COBRA* ya el 24 de enero. En febrero aparecieron en revistas científicas estudios sugiriendo que una proporción sustancial de casos de COVID-19 podían ser asintomáticos. Había ya evidencias para el apoyo de un distanciamiento social generalizado. Pero un cambio de dirección política fue lo que hizo que esta clase de datos se presentaran como “la ciencia”.

Esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza social del conocimiento científico. Los modelos científicos son apreciaciones, no oráculos. Los científicos pueden decirles a los políticos en qué circunstancias es probable que sus modelos funcionen, pero ellos no tienen la responsabilidad de crear tales circunstancias. Echar la culpa a los epidemiólogos de las consecuencias de la estrategia del gobierno con el COVID-19 es como culpar a los climatólogos de no prevenir la crisis climática. Los científicos pueden proporcionar evidencias, pero actuar sobre las mismas requiere voluntad política.

Cuando se llega a la acción de gobierno, tienden a tener prioridad las consideraciones económicas y políticas. La demora británica en imponer un confinamiento se debió, en parte al menos, al deseo de posponer, si no evitar, una recesión económica. La decisión del gobierno de mantener abiertos los colegios estuvo motivada por su deseo de permitir a la gente seguir trabajando. La negativa a sumarse al esquema de desarrollo de una PPE probablemente tuviera la intención de favorecer a proveedores locales, a la vez que evitar no ser vistos como “incumplidores” del brexit. 

La única clase de “ciencia” cuyo papel no es claro en la respuesta del gobierno es la ciencia del conocimiento y la formación de la opinión pública. El listado de evidencias del SPI-B, el subcomité de intervenciones conductuales y sociales del SAGE, comprende 16 estudios y encuestas realizadas entre enero y marzo para rastrear la conciencia y percepción del riesgo, y la aprobación pública de diferentes tipos de intervenciones gubernamentales. Se puede argumentar, naturalmente, que la aprobación pública es necesaria para que las medidas sean eficaces: si la gente no está de acuerdo con ciertas medidas, es más probable que no las secunden. Pero eso no tiene en cuenta un aspecto importante en la relación entre ciencia, política y opinión pública: las opiniones de la gente sobre la ciencia son deudoras del modo en que se presentan los datos en las directrices oficiales y en los medios.

En este sentido, el consejo de la Sanidad Pública -que durante la mayor parte de marzo se centró en el lavado de las manos y el aislamiento de los casos sintomáticos- puede haber dado pie a una profecía autocumplida: si la gente creyó en las directrices oficiales, no es sorprendente que hayan sido renuentes a soportar un confinamiento y un distanciamiento social más estrictos. Sólo después de que una serie de expertos independientes , incluido entre ellos el editor de The Lancet, Richard Horton, comenzaran a cuestionar abiertamente la estrategia del gobierno, la opinión pública se inclinó abrumadoramente a favor de un confinamiento.

Dado que tanto los resultados de estos estudios como las actas de SAGE y de COBRA siguen siendo confidenciales, no hay modo de decir exactamente cómo ha influido en la estrategia del gobierno la percepción de aprobación pública de diferentes tipos de medidas. Pero poner el foco en un único elemento de esta cadena – “la ciencia”- evita las cuestiones referentes a la responsabilidad política. Cómo la ciencia se vuelve política depende de cálculos políticos y económicos, así como también de los compromisos morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores de la política. Raramente se trata, si alguna vez sucede, de solamente “la ciencia”

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* “Cabinet Office Briefing Room A”