Hace ahora doce años, había ganado Obama, y Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, no se anduvo con chiquitas: "No generamos suficientes blancos cabreados como para seguir en el negocio a largo plazo". Resumía así el apocalipsis demográfico que se había abatido sobre el Partido Republicano: el presidente negro les había sacado una diferencia de 8.5 millones de votos, y se había quedado con un total de 15 millones de nuevos votantes. Al "puto negro" lo habían votado el 66 % de los hispanos, el 62 % de los asiáticos, el 56 % de las mujeres, el 66 % de los votantes menores de 30 años y el 95 % de los afroamericanos (negros). Lo de estos últimos era de esperar, pero no estaba prevista su tasa de participación que, por primera vez en la historia, casi había igualado a la de los blancos. Y, para colmo, Obama se había quedado con una parte importante del voto blanco de John Kerry en 2004: jóvenes y pobres, sobre todo; la afluencia a las urnas de personas con ingresos de menos de 15.000 dólares al año saltó de un 18 % en 2004 a un 34 % en 2008. El número de votantes blancos se había mantenido más o menos el mismo que en 2004, pero ahora habían acudido a las urnas 2 millones más de afroamericanos, 2 millones más de hispanos y 600.000 asiáticos más.
Asustado, el director de la conservadora National Review, Rich Lowry, se preguntaba: "¿Pero dónde se han metido los republicanos?, ¿es que se han trasladado todos a Utah?".
La vía de solución, la señaló desde el principio, y sin tapujos, Paul Weyrich, un activista conservador y fundador del American Legislative Exchange Council (ALEC): "Yo no quiero que vote todo el mundo", y advertía enseguida que "el apalancamiento del Partido Republicano en las elecciones mejora claramente a medida que baja la población votante".
ALEC tomó entonces la iniciativa de redactar normas-modelo de identificación del votante que con tanta corrección como impiedad dificultaran el voto a los negros y a otras minorías. Sencillamente, había que suprimir votantes legalmente. Y los Estados empezaron a legislar en esa dirección.
Al mismo tiempo, de modo parecido a como desde su "Southern Strategy" el Partido Republicano había equiparado, sobre todo en el tema de las drogas, a negro con delincuente, y a negro delincuente con demócrata, comenzaría ahora a relacionar a demócratas con afroamericanos y generalización del fraude electoral.
El objetivo era, como manifestó en 2012 un partidario del candidato republicano Mitt Romney, "volver a poner a un blanco en la Casa Blanca".
En este contexto uno de los cambios más onerosos, aunque suena a inocuo, es el requisito de una identificación fotográfica del votante emitida por el gobierno del Estado. El Brenan Center for Justice calcula que "hasta un 12 por ciento de votantes elegibles en toda la nación pueden no tener documento de identificación fotográfica emitido por el gobierno", y que "probablemente ese porcentaje es más alto entre estudiantes, ancianos y personas de color". De hecho un informe conjunto de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) y su Legal Defense and Educational Fund subrayó el "alarmante" impacto de la norma: el requisito de identificación eliminaba a más de 6 millones de votantes afroamericanos y a casi 3 millones de latinos. En números redondos, un 25 % de los votantes negros y un 16 % de los votantes latinos; mientras que "solamente un 8 % de votantes blancos carecen de identificación fotográfica emitida por el gobierno válida".
Las leyes de Georgia son ilustrativas del impacto de una medida de esta clase. El Estado exige tres categorías diferentes de documentos para una identificación fotográfica emitida por el gobierno. La primera es la prueba de ciudadanía, que requiere en una abrumadora mayoría de casos o un certificado de nacimiento o un pasaporte, cuyo coste (para el trabajador pobre, en torno al 10 % del salario de un mes) los aleja del alcance de muchos. Hasta un total de 13 millones de ciudadanos americanos no tienen acceso inmediato a documentos de ciudadanía, según informes del Brenan Center, y el fenómeno guarda una marcada correlación con las minorías, los pobres y los ancianos. En segundo lugar, Georgia exige el número de seguridad social del posible votante, que es o la tarjeta misma o un W-2 (certificado de nómina e impuestos), que implica un empleo. Ahora bien, en 2011 el desempleo negro en Georgia era del 11.4 %. En la capital Atlanta casi una cuarta parte de los afroamericanos estaba desempleada, frente a un 3.1 % de los blancos. Por consiguiente, contar con un W-2 tiene unas implicaciones raciales importantes y del todo obvias. Finalmente, como prueba de residencia Georgia exige dos envíos postales con dirección: por lo general, un extracto bancario y una factura de servicios públicos. Pues bien, más del 20 % de los afroamericanos, frente al 3 % de los blancos, carece de cuenta bancaria. Y, básicamente por razones económicas, casi el 6 % de las familias estadounidenses vive en hogares multigeneracionales; es el caso especialmente de afroamericanos, jóvenes de menos de treinta y cinco años, asiáticos y latinos. En las facturas de servicios públicos sólo aparece un nombre, y por tanto todos los demás adultos tienen difícil probar que efectivamente viven en el domicilio señalado.
El gobernador republicano de Wisconsin Scott Walker tomó otro rumbo: después de promover una ley exigiendo la identificación fotográfica emitida por el gobierno para votar, procedió a cerrar las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (algo así como nuestra DGT) encargado de emitirlas, en áreas de votantes demócratas, y a la vez amplió el horario de las mismas en las plazas fuertes republicanas.
También Alabama promulgó una ley de identificación del votante en 2011 y a continuación determinó cerrar oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados en los condados de su Cinturón Negro. A la vista del escándalo que se armó a nivel nacional, el gobernador Robert Bentley se avino a abrirlas al menos un día al mes.
Otra táctica de privación de derechos consiste en hacer lo posible por eliminar o recortar el voto anticipado, esencial para los que no pueden abandonar el trabajo un martes para ir a votar, como sucede a quienes tienen que fichar o al que no se dispone más que de una hora para el lunch y trabaja a kilómetros del lugar de residencia y, por tanto, de votación. Y más, teniendo en cuenta que en las elecciones de 2008 se habían registrado esperas de seis a doce horas en la cola para votar, y más largas todavía en los recintos de afroamericanos y latinos. De modo que el voto anticipado suponía una solución importante y de éxito demostrado; pero éste era el problema.
En 2011 el nuevo gobernador de Florida Rick Scott, escudándose en que por la integridad de las urnas y de la democracia había que poner más difícil el "fraude electoral", no sólo redujo el voto anticipado de dos semanas a ocho días, sino que anuló también la posibilidad de votar el domingo inmediatamente anterior a la jornada electoral. Estaba calculado. En todo el Estado más de un tercio de los que votaron ese domingo en 2008 fueron negros. Y en el condado de Palm Beach más del 60 % del voto anticipado fue de afroamericanos, muchos de los cuales habían tomado el autobús nada más salir de la iglesia para ir a echar sus papeletas.
Utilizada años antes en Arizona, otra herramienta de privación de derechos consistió en enviar correos masivos a los barrios de minorías, esperar la devolución de las tarjetas marcadas con "devolver al remitente", cotejar esos nombres con las listas públicas de electores y exigir entonces su purga de las listas. En las elecciones de 2012 muchos electores descubrieron que no podían votar al llegar al lugar de votación y comprobar que sus nombres habían desaparecido de las listas por este procedimiento. En Florida, una vez pasada la elección, el Secretario del Estado halló que en vez de los 180.000 nombres eliminados por este procedimiento sólo tenían que haber sido purgados de la lista 85 nombres.
Para 2014 como mínimo 22 Estados habían aprobado normas de restricción de votantes: todas, bajo el disfraz de proteger la "integridad" de las urnas y la democracia; y todas, con la intención de limitar y frustrar el ejercicio de voto de los negros y de otras minorías.
Nota: En estos días en que (al margen de las barbaridades de Trump) a muchos nos interesa tanto como nos intriga la dificultad de los americanos para contar los votos válidos de sus últimas elecciones, me ha parecido conveniente extraer datos y consideraciones relevantes del capítulo 5 ("How to Unelect a Black President") del libro de Carol Anderson "White Rage. The Unspoken Truth of Our Racial Divide". New York etc., Bloomsbury, 2016.
