sábado, 24 de octubre de 2020

Casado, Reagan y las drogas


 

         El pasado jueves 22 de octubre Casado, aspirante a gallo exclusivo en el gallinero de la derecha, sacó todo tipo de espolones contra el gallito Abascal. Al final de su contrarréplica, como para resumir la desagradecida mala interpretación que éste había hecho del sentido de la formación política de la que viviera quince años, le espetó el siguiente párrafo (www.congreso.es; la transcripción es de mi exclusiva responsabilidad): 

         "A usted, que le gusta Reagan como a mí, acuérdese cuando hablaba que la política ya no son dos vectores, ya no hay derecha e izquierda, hay arriba y abajo. Pero no abajo la lucha del proletariado y arriba las clases que algunos preconizan porque no han aprendido de quedar sepultados en los cascotes cuando cayó el muro de Berlín; no, es el abajo del intervencionismo, del colectivismo, de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa, y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado, que aspira a que no le digan lo que tiene que hacer, que aspira a poder avanzar y que ayudando a su familia, levantando la persiana, tirando adelante para pagar a sus trabajadores no se da cuenta que está contribuyendo a su país y también a la Unión Europea y a su Comunidad."

         Me llamó la atención la cita de Reagan.

         En su obra "White rage. The unspoken truth of our racial divide" (Bloomsbury Publishing, 2016) la profesora Carol Anderson recorre la historia norteamericana señalando las escandalosas reacciones que siguieron a los costosos avances de la minoría afroamericana. Entre las últimas, frente a los avances del Movimiento por los Derechos Humanos y la Voting Rights Act de 1965, la conocida como "Guerra de las drogas".

         Me voy a limitar a traducir (prescindiendo del aparato crítico), para quienes lean esto, lo que en la citada obra se dice de la intervención de Reagan y su administración en esta guerra, de modo que podamos entender mejor lo que pregona Casado sobre el "abajo del intervencionismo, del colectivismo, de esa sociedad cerrada, acomplejada, rencorosa, y ese arriba de una sociedad libre, de una sociedad que aspira a ser mayor que el Estado":

         

            "En 1979, después de que una coalición de nicaragüenses moderados y marxistas derrocara al despiadado dictador y durante mucho tiempo aliado de Estados Unidos Anastasio Somoza, llegaron al poder en Managua los comunistas sandinistas. Reagan no lo consideró una revolución interior nacida de unas condiciones intolerables de codicia, tortura y violaciones de los derechos humanos. No; estaba convencido de que los sandinistas no eran más que títeres soviéticos movidos por Moscú para promover la revolución en el patio trasero de América. Por eso se obsesionó con eliminar a los sandinistas.

            Poco después de tomar posesión, Reagan ordenó al director de la CIA William Casey hacer lo que hiciera falta para apoyar a un pequeño grupo de guerrilleros antisandinistas conocidos como Contras, la mayoría de los cuales provenían de la temida y odiada Guardia Nacional de Somoza. El 23 de noviembre de 1981 Reagan emitió una directiva para canalizar a los Contras a través de la CIA 19.3 millones de dólares. Pero no era suficiente, argumentó Enrique Bermúdez, el fundador del grupo guerrillero. Necesitaban mucho más. En diciembre de 1981 "Reagan firmó una orden secreta autorizando la ayuda a la Contra con el objetivo de echar a los sandinistas". El único problema era dónde mandar esos fondos; la orden simplemente indicaba los límites dentro de los que los presupuestos de la CIA y del National Security Council (SNC) podían contribuir a la financiación de la Contra. El Congreso en aquel momento, quemado con la debacle de Vietnam, no estaba como para que jugaran con su bolso.

            Y así, en un encuentro de diciembre de 1981 los líderes de la Contra, a los que Reagan se refirió como el "equivalente moral de los Padres Fundadores", lanzaron la idea de que el tráfico de cocaína en California produciría suficientes beneficios como para armar y entrenar a la guerrilla antisandinista. Con la mayor parte de la red ya creada, el plan era bastante sencillo: estaban los cárteles de Medellín y Cali en Colombia; los aeropuertos y el blanqueo de dinero en Panamá dependían del presidente Manuel Noriega; se sabía la ausencia de vigilancia por radar para que aterrizaran en Costa Rica los primeros depósitos transportados; y en la base aérea de Ilopango, a las afueras de San Salvador, había armas y almacenes de drogas. El problema estaba en la imposición de la legislación estadounidense que protegía los puntos de entrada clave a un mercado lucrativo. Pero con la CIA y el NSC dispuestos ahora a intervenir y mantener bajo control al FBI, al Servicio Aduanero de Estados Unidos y a la DEA (Drug Enforcement Administration), la antes formidable línea defensiva se quedaba en un estorbo poroso. El "equivalente de los Padres Fundadores" de Reagan estaba ahora dispuesto a inundar los Estados Unidos de cocaína.

            Para empezar, los exilados nicaragüenses Oscar Danilo Blandón y Norwin Meneses, cuyo sobrenombre era El Rey de las drogas, montaron sus operativos mayoristas en San Francisco. Pero, aunque tenían ya el producto, no contaban todavía con una red de distribución para trasladar a los mercados minoristas el envío inicial de cocaína. El circuito sólo se cerró cuando conectaron con Rick Ross, un hombre negro analfabeto pero emprendedor que se convirtió en el canal entre los corredores de droga de la Contra y las pandillas Bloods y Crips de Los Ángeles.

            El resultado fue del todo explosivo. De los mayoristas de la Contra salía empaquetada cocaína de primera calidad que, vendida en pequeñas pelotas de crack, alcanzaba un beneficio minorista de más de 230.000$/kilo. Entonces el dinero de la droga y toda la violencia concomitante machacó a una población con un índice de paro de dos dígitos y salarios en disminución real.  La fuerza logística de Bloods y Crips, con un total estimado de más de cincuenta mil pandilleros, fue extendiendo el dolor conforme se establecían franquicias de droga por todo Estados Unidos vendiendo crack en menú de dólares. Pronto el crack estuvo por doquier, debilitando las bases de los barrios negros.

            Mientras la recién creada crisis de las drogas amenazaba la seguridad de millones de afroamericanos, la administración centró sus esfuerzos en facilitar a los rebeldes un mayor acceso a armas compradas con dinero negro. El vicepresidente George H.W. Bush (ex director de la CIA) y su asesor de seguridad nacional Donald Gregg (ex agente de la CIA), trabajaron con William Casey para poner en marcha un programa llamado Black Eagle (águila negra), ideado para burlar al Congreso y proporcionar armas a la Contra. Una vez solidificados los conductos logísticos, quedó claro que Manuel Noriega resultaba esencial para la operación. En una serie de negociaciones top-secret funcionarios estadounidenses pusieron a punto derechos de aterrizaje en aeropuertos panameños para los aviones de Black Eagle con transporte de armas para la Contra y la utilización de compañías panameñas para el blanqueo de dinero.

            Noriega, que contaba ya con una participación en el cártel de Medellín de 400 millones de dólares, se percató de la rentabilidad de este trato con la Casa Blanca y comenzó a desviar al Sur de Estados Unidos aparatos y pilotos de Black Eagle para los vuelos de transporte de droga. La respuesta de la administración Reagan frente a lo que debía haber sido considerado como una afrenta diplomática -especialmente después de que el Presidente fichara a George H.W. Bush para dirigir las actividades contra la droga en el Sur de Florida- fue hablar y meter ruido. Exigió, sencillamente, al presidente panameño destinar un porcentaje de sus beneficios con la droga a la compra de más armas para los Contras.

            De este modo, aunque Reagan presumió ante el público americano de utilizar recursos militares de los Estados Unidos "para bloquear la droga antes de traspasar las fronteras de otros países", la protección de su gente a Noriega y a los traficantes colombianos permitió de hecho, activamente, importaciones de cocaína a Estados Unidos que se dispararon en un 50 por ciento en tres años. Sólo la parte del cártel de Medellín fue de un billón de dólares al año en ventas. La protección de la administración Reagan a los traficantes de droga dio todavía un paso más cuando en 1982 la CIA obtuvo del Departamento de Justicia la aprobación para guardar silencio en cualquier "expediente" clave de la agencia que tuviera que ver con la manipulación, el transporte o la venta de narcóticos.

            Esta red de protección de la Casa Blanca de los principales traficantes de droga actuó a fondo después de que el Congreso, por una serie de enmiendas en 1982 y 1984, cortó todos los fondos para la Contra y prohibió apoyo material y financiero de Estados Unidos para derrocar el gobierno de Nicaragua. Sin inmutarse ante la ley, la administración Reagan, simplemente, puso en marcha fuentes de ingreso alternativas e ilegales que ya tenía previstas: beneficios con droga y venta de armas a Irán. El teniente coronel Oliver North, director adjunto del NSC, procedió a poner en marcha esta operación que, más amplia y más dinámica, pronto reemplazaría a la Black Eagle de Bush."

 

lunes, 5 de octubre de 2020

El manifiesto, la necropolítica y un recuerdo

 

 

"En la salud, ustedes mandan pero no saben"

Manifiesto

de 55 sociedades científicas que representamos a más de 170.000 profesionales sanitarios.

1. Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político. 

2. Acepten, de una vez, la necesidad de una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes. 

3. Aquí y ahora, la lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos sólo consigue agravar las soluciones. Frenen ya tanta discusión y corran a la acción. 

4. Necesitamos un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política. 

5. Estos criterios, exclusivamente sobre salud y con pautas comunes de actuación, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios.

6. Son ustedes, como políticos, quienes además de garantizar el principio de igualdad de todos los españoles en las estrategias preventivas y los recursos sanitarios, deben crear ya una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados. 

7. Sólo las autoridades sanitarias, sin ninguna injerencia política, deben ser quienes establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología, sea cual sea la edad de los pacientes y su nivel socio-económico. 

8. Hoy, la atención a la salud exige flexibilidad y actualización en el manejo de los recursos sanitarios. Y esto, tan decisivo, sólo se puede gestionar y llevar a cabo desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación, muy inferiores a los de los países de nuestro entorno. 

9. En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. 

10. Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos.  

Dos consideraciones, las dos de orden lingüístico:

         1/ El DRAE dice que manifiesto es un "escrito en que se hace pública declaración de doctrinas, propósitos o programas". Pues bien, sólo el punto 10 me ha parecido propio de un manifiesto: "las sociedades científicas ... ofrecemos nuestros conocimientos".

         2/      Según el mismo DRAE ciencia es un "conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente". Tratándose de sociedades "científicas", me ha extrañado no hallar en ninguno de los puntos del manifiesto un proceder mínimamente científico de observación, razonamiento o estructuración sistemática del comportamiento de gobernantes y, más en general, de políticos (que es en lo que se centran), con el propósito de deducir principios con que promover o combatir conductas (como tocaría en la ciencia moral pertinente) de acción pública.

         El editor de El País debió quedarse de una pieza al leerlo, y para hacer digerible la presentación del documento utilizó este calzador: "Seguramente, el detonante para este escrito es el rifirrafe al que los españoles han asistido casi en directo entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid para establecer unos umbrales mínimos con los que confinar los municipios más afectados y restringir más aforos y relaciones sociales." No es científico, por lo demás, el tenor del punto 9: en nombre, nada menos, que de "más de 47 millones de españoles".

         Pero sí, somos muchos, efectivamente, los españoles que asistimos preocupados a esta pugna no "entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid" sino del PP y de su buque insignia en Madrid contra el Gobierno de España. Y esa pugna tiene una base ideológica, programática, de la que es posible escribir científicamente. Es lo que ha hecho en el artículo "Necropolítica" Javier Segura del Pozo, Jefe del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública (https://conversacionsobrehistoria.info/2020/10/02/necropolitica/).

         Y acabo dejando constancia de una experiencia personal: la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha está en la Plaza de Zocodover de Toledo, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad. Una mañana me avisaron, como Delegado, de que unos operarios habían quitado los dos discos con la señal de "Zona de seguridad" que advertían de la prohibición de aparcar en la fachada principal del edificio. Comprendí enseguida el titular que el mismo día aparecía en las tripas locales de un diario de tirada nacional, y que más o menos decía: "Desde hoy los toledanos podremos aparcar en el Gobierno Civil". Los operarios que habían quitado las señales eran del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP. Solucioné el problema (entonces la amenaza de ETA estaba "científicamente" constatada; lo confirmarían más tarde los papeles de Bidart) con la urgencia y la firmeza que las leyes ponían en mis manos. No hubo pelea, ni se prolongó el rifirrafe. Pero la acción de aquel alcalde estaba basada en la convicción política de que el Estado sólo es legítimo si lo gobiernan los míos. Así se lo habían enseñado o así lo había oído. Es un contexto científicamente demostrable, como prueba este vídeo https://youtu.be/GUy4fwKSLzc




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

 

lunes, 28 de septiembre de 2020

El pandemonio de Muñoz Molina

​Ayer domingo 27 de septiembre publicó Antonio Muñoz Molina en El País un artículo que me causó honda impresión. Su título era "La otra pandemia", y el resumen que lo seguía rezaba: "La política española es tan destructiva como el virus. Contra éste llegará una vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos".

​La autoridad, e incluso admiración, literaria no me ciega como para no someter a crítica lo que leo. Por eso después de aquella honda impresión me puse a destripar lo que encerraban palabras en general tan propias y bien trabadas.

​Hace unos años el sociólogo, filósofo y catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca publicó un estudio que recomiendo: una singular forma de crítica textual consistente en reunir textos de opinión de personas reconocidas por la calidad literaria de sus escritos y cotejar con la realidad y lo que dicen los expertos las opiniones por ellas vertidas. Éste: Ignacio Sánchez-Cuenca, La desfachatez intelectuaL: Escritores e intelectuales ante la política, Los libros de la catarata, 2016.


Uno de los autores que Sánchez-Cuenca somete a su bisturí crítico es Antonio Muñoz-Molina, que, además de tocas temas políticos en sus artículos de opinión de El País, en 2013 había publicado "Todo lo que era sólido", texto directamente dedicado a la crítica de la situación española y de nuestros políticos. A modo de resumen el profesor desvela así lo que le ha deparado su recorrido: "Las opiniones políticas de los Savater, Cercas, Muñoz Molina, Juaristi, Azúa, Vargas Llosa, Marías, Espada, etc. tienen a estas alturas algo de pintoresco. Siempre es agradable leer su prosa, resulta entretenido estar al tanto de sus obsesiones, pero es difícil tomárselas muy en serio cuando hablan de política."

​De Muñoz Molina es interesante ver cómo encaró, por ejemplo, el que sería detonante (nunca mejor dicho) del final de ETA (otra pandemia): "Se confirmaron mis peores barruntos, el sentimiento de vejación de ver un país entero dependiendo de individuos con capuchas... Esas actrices que repartían flores como si repartieran esperanza... ¡La esperanza no me la dan los pistoleros! Toda la situación que ha precedido a este atentado me ha parecido vejatoria para la dignidad democrática del país. Sentí eso: la humillación de un Estado que ha sabido tener dignidad". Sánchez-Cuenca comenta: "La reflexión de Muñoz Molina tras el atentado de la T-4 fue especialmente interesante por situarse en un registro puramente moral".

​En 2006 empezó a adueñarse de la vida pública (y, sobre todo, publicada) española la pandemia de la crisis económica: "A base de denuncias de constructores horteras -comenta el autor de "La desfachatez intelectual"-, funcionarios indolentes, políticos zafios e intelectuales acomodaticios Muñoz Molina establece una complicidad con el lector, que si está leyendo el libro ("Todo lo que era sólido") es porque en última instancia se ve a sí mismo como una víctima más de la mediocridad circundante que se ha apoderado del país; sólo están a salvo los lectores del libro, esos ciudadanos que, como Muñoz Molina, son insobornables y conservan la capacidad para escandalizarse frente a una sociedad que se ha dejado corromper o que ha transigido con la corrupción. En este sentido el libro a mí no me pareció 'valiente': lejos de ir a contracorriente , da respetabilidad intelectual al clima de opinión dominante según el cual toda la culpa de nuestros males es de los políticos. Valiente, en este contexto, habría sido alzarse contra los tópicos asfixiantes sobre la política que se han establecido en España, no darles carta de naturaleza."

​Y, por último, también en aquellos años de la crisis, pero esta vez volviendo su mirada a la política de recuperación de la memoria histórica, Muñoz Molina llega a decir: "En 2006, las noticias más urgentes eran casi siempre acerca del pasado. Excavaciones de fosas de ejecutados e indagaciones judiciales sobre verdugos muertos 30 ó 40 años atrás ocupaban aquella extraña actualidad en la que el presente casi no existía sino como reiteración fantasmal de las confrontaciones sanguinarias de hacía tres cuartos de siglo". La exageración le sirve a Muñoz Molina -concluye Sánchez-Cuenca- para construir una tesis abracadabrante: a saber, que la razón por la que nadie vio la crisis económica que se nos venía encima fue que todo el mundo andaba pendiente del debate sobre la guerra civil y el pasado.

​Situado en este contexto crítico, escrutador, he vuelto a leer "La otra pandemia", y voy a reproducir algunos párrafos y a comentarlos brevemente.

​

​​(1) "España es un país de discursos sonoros y de teléfonos oficiales que​no contestan nunca, de asesores innumerables y centros de salud en los que falta ​material sanitario y hasta de limpieza, de dirigentes políticos que prometen el ​paraíso de la independencia o la igualdad y médicos que para subsistir han de ​firmar contratos de una semana o de un día."

​​(2) "Médicos, enfermeros, limpiadores, repartidores de comida, ​reponedores de supermercados, policías, militares, cuidadores en ​residencias de ancianos, ​profesores, farmacéuticos: el número y la calidad ​de las personas que entregaron sus vidas haciendo trabajos esenciales ​durante los días más oscuros del confinamiento nos dan confianza en la ​solidez ​de nuestro país".


​Me llama muchísimo la atención que un país formado por personas como las del párrafo (2), que "nos dan confianza en la solidez de nuestro país", logren el desastroso y desanimante resultado que refleja el párrafo (1) a la hora de fajarse con su vida pública, con lo que es de todos.

 

​​"Pero la clase política española, los partidos, los medios que airean sus ​peleas y sus bravatas, viven en una especie de burbuja en la que no hay más ​actitud que la jactancia agresora y el impulso de hacer daño, y el uso de un ​vocabulario infecto que sirve sobre todo para envenenar aún más la atmósfera ​colectiva, para eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, enemigos a ​los que atribuir las culpas de todos los errores."

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​No se me ocurre más que aquello de que "quod nimis probat nihil probat", lo que demasiado prueba nada demuestra.

 

​​"A quienes más se parecen ahora los independentistas catalanes en su ​insolidaridad y en sus ganas de gresca y de aprovechamiento del desastre es a ​los patriotas españolistas que malgobiernan la Comunidad de Madrid. A unos y ​a otros, el daño que puedan hacer al Gobierno central les importa más que el ​perjuicio de todos. Y en el Gobierno mismo, mal avenido y desnortado, los ​bocazas y los irresponsables entorpecen el trabajo de los que sí saben lo que ​hacen.


​​La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo ​y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en ​una estación de metro. Ciento cincuenta científicos de primer rango publican en ​TheLancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas ​hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la ​pandemia en nuestro país. El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando ​la curva de contagios ya está ascendiendo: ni una sola institución se hace eco; a ​mediados de septiembre, y solo después de que se publique un segundo ​manifiesto más alarmado todavía, el ministro de Sanidad propone a los ​científicos un encuentro para octubre. Se ve que no hay prisas."

 

​Por fin parece que el autor va a aterrizar y a perimetrar los males del país para a continuación indicar algunas vías de remedio. Lasciate ogni speranza: si algunas cosas de la Comunidad de Madrid van mal, ahí está el Gobierno  "mal avenido y desnortado" y desobediente al doble manifiesto de The Lancet para redirigirnos hacia la verdadera "otra pandemia". 

¡Menos mal que quedamos los buenos!

​"No sé, sinceramente, qué podemos hacer los ciudadanos normales, los ​no contagiados de odio, los que quisiéramos ver la vida política regida por los ​mismos principios de pragmatismo y concordia por los que casi todo el mundo ​se guía en la vida diaria. Nos ponemos la mascarilla, guardamos distancias, ​salimos poco, nos lavamos las manos, hacemos nuestro trabajo lo mejor que ​podemos. Si no hacemos algo más esta gente va a hundirnos a todos."


​Ahora vuelvo a mi vida de jubilado, y me encuentro con que el escritor Antonio Muñoz Molina no me ha dado ni una pista sobre ese algo al que él condiciona que "esta gente" no nos hunda a todos. ¿No es raro que diagnóstico tan fino y preocupante no acabe en tratamiento alguno?


martes, 12 de mayo de 2020

¿Sólo ciencia?

Es una cuestión candente, y de extraordinario interés político. Incluso hay voces (democráticamente disparatadas) que exigen un gobierno sólo de "expertos y técnicos". Me parece que este artículo de The Guardian (29. abril 2020) es muy esclarecedor. Por eso lo recojo en este blog. La traducción es mía. 



 “Obedecer sólo a la ciencia” no existe; el asesoramiento del coronavirus es político
Jana Bacevic, socióloga de la Universidad de Cambridge


A estas alturas de la crisis del coronavirus el gobierno parece haber cometido error tras error. El Reino Unido fue lento en imponer un confinamiento que parecía inevitable, la escasez de equipos de protección personal contribuyó a unas muertes innecesarias y parece dudoso que el gobierno vaya alcanzar al final de esta semana el objetivo que él mismo se ha fijado de 100.000 test diarios. Mientras otros dirigentes europeos han presentado itinerarios de un plan para la salida del confinamiento, explicando los argumentos científicos que respaldan sus respectivos métodos, la estrategia de salida del Reino Unido sigue siendo poco clara. Hasta que The Guardian reveló los nombres de los veintitrés miembros del Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), sus identidadesestuvieron envueltas en secreto.

El gobierno nos ha estado diciendo a cada momento que “sigue a la ciencia”. Su estrategia, se nos ha dicho, viene informada por “la mejor ciencia disponible”. Aunque la evidencia científica pueda ser una justificación de base para la acción (o inacción) del gobierno, la política y la sociedad son mucho más complejas de lo que el gobierno nos habría hecho creer.
De entrada, algo así como “la mejor ciencia disponible” no existe. Los científicos normalmente no están de acuerdo en diferentes temas, desde problemas teóricos hasta metodologías y descubrimientos, y las decisiones respecto del tipo de asesoramiento científico a tener en cuenta son altamente políticas. Los individuos, las disciplinas y las instituciones que se invitan a la mesa reflejan la distribución de los fondos para investigación, el prestigio y la influencia, así como la escala de valores y objetivos de los políticos y los gobernantes. Cuando llegó el momento de la austeridad, por ejemplo, el anterior gobierno de coalición ignoró las advertencias de muchos macroeconomistas sobre la evidencia que respaldaba sus propios  puntos de vista. Si no existe un “árbol de dinero mágico”, tampoco existe, por supuesto, un árbol mágico de “la mejor ciencia”.
El cometido de comités de asesoramiento científico como el SAGE es destilar la investigación científica existente de modo que pueda informar la política. Pero sus informes están limitados, de entrada, por las cuestiones que les someten los políticos. En situaciones de emergencia tales cuestiones no son tanto del tipo “¿cuál es la mejor ciencia sobre X?” cuanto del tipo “¿qué clase de intervención es buena para prevenir Y?”. Lo que los responsables políticos priorizan en tales momentos es un tema de discernimiento político: ¿las vidas de ancianos y enfermos?, ¿la economía?,  o ¿los índices de aprobación política? Importan estas decisiones; y también importa qué cuestiones no preguntan los políticos, como si el coronavirus va a afectar desproporcionadamente a la gente de comunidades de color o de minorías étnicas, o si los efectos del confinamiento serán peores para las mujeres.
Los políticos tienden a favorecer la clase de ciencia que se alinea con preferencias suyas previas. En el peor de los casos ello puede llevar a mezclar datos, lo que peyorativamente se conoce como “evidencia de base política”. Pero no hace falta llegar a tal extremo. Por ejemplo, desde enero estuvieron llegando desde China estudios que sugerían un índice de transmisión de la COVID-19 muy alto, y Neil Ferguson, cuyo equipo ha estado tras el estudio que se cita como determinante del cambio de rumbo en la gestión británica de la pandemia, presentó su informe en la conferencia COBRA* ya el 24 de enero. En febrero aparecieron en revistas científicas estudios sugiriendo que una proporción sustancial de casos de COVID-19 podían ser asintomáticos. Había ya evidencias para el apoyo de un distanciamiento social generalizado. Pero un cambio de dirección política fue lo que hizo que esta clase de datos se presentaran como “la ciencia”.
Esto nos dice algo muy importante sobre la naturaleza social del conocimiento científico. Los modelos científicos son apreciaciones, no oráculos. Los científicos pueden decirles a los políticos en qué circunstancias es probable que sus modelos funcionen, pero ellos no tienen la responsabilidad de crear tales circunstancias. Echar la culpa a los epidemiólogos de las consecuencias de la estrategia del gobierno con el COVID-19 es como culpar a los climatólogos de no prevenir la crisis climática. Los científicos pueden proporcionar evidencias, pero actuar sobre las mismas requiere voluntad política.
Cuando se llega a la acción de gobierno, tienden a tener prioridad las consideraciones económicas y políticas. La demora británica en imponer un confinamiento se debió, en parte al menos, al deseo de posponer, si no evitar, una recesión económica. La decisión del gobierno de mantener abiertos los colegios estuvo motivada por su deseo de permitir a la gente seguir trabajando. La negativa a sumarse al esquema de desarrollo de una PPE probablemente tuviera la intención de favorecer a proveedores locales, a la vez que evitar no ser vistos como “incumplidores” del brexit. 
La única clase de “ciencia” cuyo papel no es claro en la respuesta del gobierno es la ciencia del conocimiento y la formación de la opinión pública. El listado de evidencias del SPI-B, el subcomité de intervenciones conductuales y sociales del SAGE, comprende 16 estudios y encuestas realizadas entre enero y marzo para rastrear la conciencia y percepción del riesgo, y la aprobación pública de diferentes tipos de intervenciones gubernamentales. Se puede argumentar, naturalmente, que la aprobación pública es necesaria para que las medidas sean eficaces: si la gente no está de acuerdo con ciertas medidas, es más probable que no las secunden. Pero eso no tiene en cuenta un aspecto importante en la relación entre ciencia, política y opinión pública: las opiniones de la gente sobre la ciencia son deudoras del modo en que se presentan los datos en las directrices oficiales y en los medios.
En este sentido, el consejo de la Sanidad Pública -que durante la mayor parte de marzo se centró en el lavado de las manos y el aislamiento de los casos sintomáticos- puede haber dado pie a una profecía autocumplida: si la gente creyó en las directrices oficiales, no es sorprendente que hayan sido renuentes a soportar un confinamiento y un distanciamiento social más estrictos. Sólo después de que una serie de expertos independientes , incluido entre ellos el editor de The Lancet, Richard Horton, comenzaran a cuestionar abiertamente la estrategia del gobierno, la opinión pública se inclinó abrumadoramente a favor de un confinamiento.

Dado que tanto los resultados de estos estudios como las actas de SAGE y de COBRA siguen siendo confidenciales, no hay modo de decir exactamente cómo ha influido en la estrategia del gobierno la percepción de aprobación pública de diferentes tipos de medidas. Pero poner el foco en un único elemento de esta cadena – “la ciencia”- evita las cuestiones referentes a la responsabilidad política. Cómo la ciencia se vuelve política depende de cálculos políticos y económicos, así como también de los compromisos morales e ideológicos de los políticos, los partidos políticos y los asesores de la política. Raramente se trata, si alguna vez sucede, de solamente “la ciencia”




* “Cabinet Office Briefing Room A”

sábado, 9 de mayo de 2020

Resiliencia y resistencia

La roca resiste, el muelle es resiliente

Para describir los saltos de las ranas sobre los charcos helados decía Ovidio que “resiliaban”, y con el mismo verbo describía el rebotar del granizo en lo alto de los tejados: “resilit a culmine tecti”.
El término latino “resilio” se compone de la partícula inseparable -re, que puede indicar tanto retroceso (nuestro re-ceso cuando abandonamos un rato lo que estamos haciendo) como vuelta al estado primero (re-hacemos lo que hemos estropeado) o repetición/aumento de un acto inicial (el martillazo o la metedura de pata re-percuten); y de salire, que los italianos han mantenido con el significado de subir y entre nosotros ha dado en saltar (lo que hace, por cierto, que más de un español, queriendo salir ya del museo que visita en Roma, acaba en el piso superior por seguir -“¡Bah! ¡El italiano está chupado!”- la indicación salita, subida).
En esta vena de su origen etimológico, la Academia define la resiliencia (a la vez que señala, curiosamente, que el término nos ha llegado del inglés “resilience”) como “la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”, o, también, como la “capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido”. Y mi amigo ingeniero me ha dicho que el ejemplo más claro de resiliencia es el del muelle: en cuanto dejas de presionarlo vuelve al estado en que estaba.

Nuestro resistir está formado, como el resistere latino, de sistere (cuyo antecedente griego “ístemi” significa estar de pie, a pie firme) y de re- (como en resalire).
Un personaje de Plauto, cabreado con la tardanza de otro, le espeta al verlo llegar: “Ubi restiteras?”, ¿dónde te habías parado?. El sol es para Séneca “sidus nusquam resistens”, astro que nunca se para, y Plinio se fija en piedras que “resistunt scalpturae”, se resisten al cincelado. 
Siguiendo esta vena etimológica la Academia define resistir como “tolerar, aguantar o sufrir” y, “dicho de un cuerpo o una fuerza, oponerse a la acción o violencia de otra”. Y María Moliner explica que, “si se atribuye intención a la cosa que ataca o se individualiza, o es de orden espiritual, resistir es no dejarse mover o influir por una fuerza u otra cosa”.

Está claro: cuando un periodista, un tertuliano o un político utiliza indistintamente resistencia y resiliencia, es que no sabe muy bien lo que dice.

Por venir a lo de la pandemia: yo creo que hasta ahora hemos necesitado y demostrado sobre todo resistencia; pero en los meses que vienen nos va a ser muy necesaria la resiliencia. No hay que olvidarse de las ranas y el granizo del poeta. Casi nada es como nos quiere hacer ver el escasamente resiliente Casado.



jueves, 16 de abril de 2020

Democracia y periodismo

[Nota previa: Llevaba ya unos cuantos días dándole vueltas al tema del título, cuando esta mañana me he desayunado con el cabreo de profesionales de la información españoles porque el CIS (que ahora llaman "de Tezanos") ha publicado en su último barómetro esto: 


La palabra periodismo me evoca, lo primero, un tiempo y un escenario inolvidables: los últimos años cuarenta y los años cincuenta, en la casa grande donde pasamos la niñez completa casi todos mis hermanos y yo, en el número 30 de la Calleja (luego he sabido que "de los Carpinteros"), en Valverde del Camino. Diariamente llamaba al portón, o lo traspasaba directamente, Quintero, el padre de nuestro vecino José Jesús, y dejaba en la mesita de la entrada el periódico del día.

Era el periódico por excelencia en aquellas tierras, el ABC de Sevilla. Tampoco es que eso le asegurara una difusión excesiva; pero sus hojas permitían, aparte de conocer las noticias del día, enterarse a tiempo de defunciones, bodas, bautizos y cosas así. Por añadidura, ya leídas, divididas en cuatro partes, cubrían las necesidades de papel de un váter, al fondo del corral, que visitaban no menos de once culos al día.

El periódico me traslada, luego, a un tiempo y a un lugar muy diferentes: los primeros años sesenta, y Roma. Casi todas las personas que abarrotaban los tranvías camino de sus quehaceres se entretenían con al menos un periódico. Il Messaggero, Il Tempo, L’Unità… Me llamaba la atención la abundancia de cabeceras y que éstas no presumieran de “diario independiente” sino, al contrario, mostraran sin tapujos, todas ellas, la tendencia político-social que el lector había buscado o no tardaba en descubrir en la línea editorial respectiva. Era la época de la apertura a sinistra de la política italiana, de Aldo Moro, del inmediato posconcilio; para mí, llegado de la España iletrada de Franco, el descubrimiento de la democracia.

Periodismo y democracia, pues. Por eso atrajo mi curiosidad un libro aparecido hace poco en Estados Unidos: Democracy without Journalism? (¿Democracia sin periodismo?), de Victor Pickard, profesor en la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pennsylvania. Aunque el autor se centra en la realidad estadounidense, mi sensación cuando lo leo es que habla de Toledo, Madrid o Barcelona, sólo que, en vez de Torras, Juanma Moreno o Casado, salen Trump u otros nombres raros.

 

Datos para la alarma

En la carrera electoral de 2016, que acabó con él en la Casa Blanca, algunas emisoras le regalaron a Trump miles de millones de dólares en publicidad, muchas veces por el simple hecho de permitirle entrar telefónicamente  en programas de gran audiencia. Y los análisis de contenido indican, además, que los principales informativos dedicaron escaso espacio a las posiciones políticas de los candidatos, mientras que fue torrencial la mala información circulante por las redes sociales. 

Merece la pena una visión resumida de qué es lo que falla. Los defectos nucleares del sistema mediático actual son tres:

1) Un excesivo mercantilismo que busca programaciones en las que entretener vale más que informar. Son ilustrativas unas declaraciones del que fue consejero delegado de CBS Leslie Moonves, ahora ya desprestigiado: “[La candidatura de Trump] puede no ser buena para América, pero ¡caray, sí que lo es para CBS!... La máquina de dinero funciona y eso está bien … va a ser un muy buen año para nosotros …  Dale, Donald. Sigue adelante”.

Tan importante o más es todo lo que esta clase de información obvia o deja fuera del campo de visión: la creciente desigualdad de rentas, el racismo institucional, el colapso medioambiental y otros problemas severos agravados por determinadas políticas. Son temas casi irrelevantes para el periodismo.

2) El segundo problema del actual sistema informativo está en la tremenda cantidad de mala información que circula en las plataformas sociales, especialmente en Facebook, de cuya temeraria conducta se adivina una doble causa: la maximización de los ingresos publicitarios y, más en general, la falta de regulación de un poder monopolístico. El encauzamiento del flujo de mala información se confía a algorritmos. 

3) Y el tercer fallo sistémico consiste en un el lento pero seguro colapso estructural del periodismo profesional. Conforme cae el apoyo mercantil a la producción informativa, disminuye el número de periodistas empleados. Desde el año 2000 las salas de redacción de la prensa escrita han perdido más de la mitad de sus empleados.  

Y, sin embargo, los periódicos siguen aportando el grueso de los reportajes originales, haciendo de pesebre informativo de todo el sistema. Cualquier observador profano se da cuenta de que la cobertura informativa de televisión es deudora típicamente de capítulos cubiertos por los periódicos del día. En los noticieros por cable más importantes frecuentemente la rutina del servidor consiste en leer para sus clientes lo esencial de los titulares del último periódico aparecido. Y lo mismo puede decirse de los contenidos informativos de las redes sociales.

En particular, es innegable el aumento de “desiertos informativos”, áreas enteras privadas de cobertura por parte de medios informativos y de posibilidades de información fiable. Esta falta de información y estos déficits informativos perjudican en modo desproporcionado a grupos y áreas específicos, especialmente comunidades de color, zonas rurales y barrios socioeconómicos más bajos.

Tomados en conjunto, estos fallos estructurales en el sistema informativo crean las condiciones ideales para lo que podemos llamar “sociedad de la mala información”: un electorado al que se sirve cada vez más cobertura informativa sensacionalista, golpes de click y periodismo degradado, en lugar de programas informativos sobre hechos y relacionados con la política.

Desde los años 1800 la prensa de EEUU funcionó a la vez como negocio y como bien público: el periodismo servicio público aspira a informar, iluminar, mantener sometido a examen al poderoso y ofrecer un foro de visiones y voces diversas; pero motivos de lucro están llevando a los medios comerciales a entretener, vender publicidad, tener satisfechos a los accionistas y hacer todo el dinero posible.

El texto fundacional de John Milton, la Aeropagitica, inspiró la noción liberal clásica de que la idea mejor salta de modo natural al primer plano cuando se permite airear plenamente visiones y voces diversas. Otra obra seminal, On Liberty de John Stuart Mill, celebraba libertades tales como la libertad de expresión, y avanzó la noción utilitarista de que, si no perjudica a otros,  una mayor libertad de los individuos procura un bien mayor. Escribía él que “no es deseable la unidad de opinión si no es resultado de la más completa y libre comparación de opiniones contrapuestas, y la diversidad no es un mal, sino un bien”. En otras palabras, todas las voces y puntos de vista merecen ser oídos debidamente, no sólo por la libertad de hablar y expresarse, sino también para asegurar que la gente tenga acceso a una información plural. A partir de formulaciones como éstas los pensadores liberales llegaron a defender un ideal de libertad de prensa que alentó la pluralidad de ideas y el debate vivo. Son textos que prefiguraron el motivo “mercado de ideas”, que no cristalizó hasta mucho más tarde. El juez del Tribunal Supremo estadounidense Oliver Wendell Holmes argumentaba en 1919  que “el último bien deseado se alcanza mejor por el libre comercio de ideas, que la mejor prueba de verdad es la capacidad misma de la idea de ser aceptada en medio de la competencia del mercado”. Después la “competencia del mercado” se convirtió en el “mercado de ideas”, expresión que connota un dominio abierto al libre flujo de información y expresión. Pocas metáforas han tenido tanta fuerza a la hora de describir un ideal democrático. Invocar el “mercado” hace la frase más aguda, y también más problemática. Como señala el historiador Sam Lebovic, se dieron “profundas ironías” en el hecho de que este concepto emergiera en el momento justo en que el mercado estaba corrompiendo las instituciones mediáticas haciéndolas más concentradas, basadas en los consumidores y mercantilizadas, y menos receptivas a un mercado de voces y visiones diversas. 

Las contradicciones clásicas del liberalismo saltan a la vista cuando se analizan los ideales normativos subyacentes -y muchas veces no examinados- en los medios informativos. Por ejemplo, el modelo “mercado de ideas” sugiere que el sistema mediático mercantil es una meritocracia en la que la idea mejor consigue la aprobación pública, lo que implica que la competición capitalista es lo que mejor sirve a la comunicación democrática. Al poner el énfasis en el juego limpio y en la igualdad de oportunidades, esta metáfora da por supuesto un campo de juego relativamente neutro que alienta el igualitarismo de forma natural. Pero los constructos liberales, incluida la noción verdadera de “esferas públicas”, con frecuencia tienen puntos ciegos en el caso de las desigualdades estructurales. Así sucede especialmente con las desigualdades nacidas del actual mercado capitalista, que el liberalismo trata con frecuencia como un árbitro neutral. La incapacidad del liberalismo para hacer frente efectivamente a exclusiones estructurales -como el racismo, el clasismo y el sexismo- lo hacen menos compatible con concepciones de justicia redistributiva más radicales. El liberalismo, además, privilegia los derechos de propiedad privada de los individuos por encima de las necesidades colectivas de la sociedad. En política mediática esta priorización ha llevado históricamente a un laissez-faire que trata a los medios como mercancías privadas cuyo valor viene dictado por el mercado. Esta clase de tratamiento no privilegia voces, representaciones y perspectivas plurales, ni garantiza el acceso a los medios a todas las comunidades y grupos sociales. Mientras ve rápidamente en la censura gubernamental un serio problema para la prensa libre, el liberalismo tiende a ignorar omisiones y constreñimientos recurrentes impuestos por la “censura del mercado”. 

La fe indefectible del liberalismo en el mercado como vehículo óptimo de un sistema mediático democrático alimentó una crítica radical desde los años 1800. Dicho con otras palabras: las teorías de prensa liberales se centran sobre todo en proteger a la prensa de la intervención del Estado más que en asegurar que la gente tenga acceso a la prensa. La dicotomía imperfecta entre libertad positiva (para algo) y libertad negativa (frente a o contra algo) pone de manifiesto cómo la preocupación típica de los liberales tradicionales es proteger la libertad individual frente a la tiranía de los gobiernos, mientras que con frecuencia tienen menos que decir sobre la mejora de las libertades positivas, entre las que cabe incluir la de ensanchar de la propiedad de los medios, mayor pluralidad de visiones y voces en los medios informativos, y una ampliación del acceso a sistemas e infraestructuras de comunicación para más miembros de la sociedad, especialmente aquellos grupos que con frecuencia son más marginados. Estas tensiones entre los ideales liberales de lo que la prensa debería hacer en una sociedad democrática y las restricciones estructurales impuestas por el mercado se remontan a los comienzos mismos de la República.