Cuando el 9 de agosto
de 1992 se clausuraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, los extranjeros,
atletas o no, volvieron a sus casas con una idea de España, no cabe duda,
mejorada. Lo que habían vivido les hablaba de un país creativo, dotado de rigor
organizativo, con unas autoridades capaces de coordinarse en torno a un
proyecto exigente y, además, de una sociedad deportivamente relevante: si en
los Juegos de Seúl '88 y de Los Ángeles '84 España había conseguido una medalla
de oro en cada uno de ellos y un total de, respectivamente, 4 y 5 medallas, en
esta ocasión su puesto era el sexto en medallas
de oro (13) y el décimo en el medallero global (22 medallas).
Pero para los españoles, además, aquel espectáculo y aquellos
resultados tenían otro sesgo: al volver el lunes 10 a la vida ordinaria de sus
pueblos y ciudades, deportistas o no, se encontraban con un país que en lo
deportivo había dado en unos años un gran salto, hasta niveles de modernidad. Lo
resume bien el estudio de Manuel García Ferrando "Veinticinco años de
análisis del comportamiento deportivo de la población española
(1980-2005)" (RIS Vol. LXIV mayo-agosto 2016): en referencia siempre a
personas entre 15 y 65 años, en 1980 los españoles con mucho o bastante interés
por el deporte eran un 48 % y los que practicaban uno o varios deportes un 25 %;
en 1990 los españoles con esa clase de interés habían pasado a ser un 65 % y
los que practicaban uno o varios deportes un 35 % ¿Qué había favorecido un
cambio tan notable en esa década? Sin pretensiones de exhaustividad ni de
jerarquización, los hechos que siguen.
Las competencias en materia de fomento del deporte, incluidas
la planificación y construcción de instalaciones deportivas, habían pasado a
las Comunidades Autónomas, y los Ayuntamientos dedicaban una especial atención
al servicio público deportivo, en muchos casos con la asistencia de las
Federaciones. En España, por fin, había dejado de ser una rareza que el
ciudadano corriente pudiera acudir a una piscina climatizada, tuviera cerca un
pabellón polideportivo cubierto o frecuentara una pista de atletismo.
En las escuelas (en todas, y no sólo en las de pago) los
niños tenían profesores especialistas en Educación Física. Y los que más tarde
serían licenciados universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, que al inicio de los años 80 sólo podían estudiar en los INEFs de Madrid
y Barcelona, en el año 1990 podían hacerlo ya también en los de Andalucía
(Granada), Galicia (La Coruña), Castilla y León (León), Canarias (Las Palmas),
Euskadi (Vitoria-Gasteiz) y Valencia (Cheste).
Desde el año presupuestario de 1983 la alta competición y el
deporte de alto rendimiento eran un capítulo específico, sometido a la
planificación y el control correspondientes, en las subvenciones con que el
Estado asistía a las Federaciones deportivas. Hasta en el fútbol (el deporte
más reñido con la ciencia en aquella España: "El fútbol es el fútbol"),
por fin, Miguel Muñoz se hizo acompañar en su labor como seleccionador de
Carlos Álvarez del Villar (rara avis autor
de un libro sobre "La preparación física del fútbol basada en el
atletismo"). Y desde el Instituto de Ciencias del Deporte se podía hacer un
seguimiento individualizado de los deportistas de élite y se puso a punto un
sistema de control antidopaje a la altura de los compromisos internacionales
adquiridos por España en la lucha contra la droga en el deporte.
El deporte federado español provenía del corazón mismo del
régimen dictatorial, de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes que
formaba parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, y lo mismo
sucedía con el Comité Olímpico Español. Pues bien, en la década que
contemplamos todo este mundo conoció un proceso de democratización convulso, en
el que se dieron situaciones hasta sarcásticas, como cuando en 1984 el pleno
del Comité Olímpico Español destituyó de su presidencia al Secretario de Estado
de Deporte del primer gobierno de Felipe González, en una rebelión federativa
al grito de "¡Fuera la política del deporte!". La rebelión estuvo
encabezada por quien era miembro del COE por haber sido el último Delegado
Nacional de Educación Física y Deportes y por Pablo Porta, Presidente de la
Federación de Fútbol desde que lo nombrara Herrero Tejedor y que no podría
repetir en su cargo por efecto del que se dio en llamar "decreto
anti-Porta". Como resultado de
aquel proceso, sin duda democrático, tendente a liberar al deporte de la
política, salió elegido presidente del COE el nada apolítico Don Alfonso de
Borbón, Duque de Cádiz. Pero, más allá de las anécdotas, las estructuras
federativas emprendieron un proceso de democratización innegable: deportistas,
técnicos, árbitros, clubes de cualquier categoría tenían ya en sus respectivas asambleas
generales una voz y una capacidad de decisión que antes no habían conocido. Y
en este capítulo fue muy importante también la creación de las Ligas
Profesionales (empezando por la de Fútbol), llamadas a gestionar sindicadamente
los intereses organizativos y económicos, a veces extraordinariamente
importantes, de los clubes asociados. Liberando así a las correspondientes
Federaciones para poder dedicarse más de lleno al fomento, a la formación y a la
organización de la competición
aficionada, así como a la presencia de su deporte a nivel internacional.
La celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona
constituyó, quién lo dudaría, un acontecimiento del todo singular. Pero no
surgió como por ensalmo ni fue la eclosión impresionante de un fervor concitado
en virtud de la magia de unas cuantas personalidades. Cuando en octubre de 1986 Barcelona fue
elegida sede de los Juegos del 92, las bondades de su candidatura habían sido detalladas
y ponderadas personalmente por los responsables del CSD ante los máximos
mandatarios de muchas naciones, especialmente de aquellas donde las líneas
divisorias entre autoridades olímpicas y gubernativas eran más permeables: desde
China y Corea del Sur a Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Cuba o Venezuela
pasando por la URSS o la RDA Quienes asumimos esa tarea contamos siempre, es
verdad, con una tarjeta de presentación indefectible e impagable: la de Juan
Antonio Samaranch.
Barcelona '92, finalmente, gozó de un marco que es
imprescindible conocer para entender en todo su alcance cuanto rodeó a sus
Juegos y que además puede iluminar en el futuro eventuales proyectos de
convivencia. Los días 22 y 23 de octubre de 1981 el PSOE celebró en Madrid su
XXIX Congreso y en él se aprobó una Resolución Política que, con sus 304
páginas, era prácticamente un programa de gobierno. En esta Resolución se
dedica al Deporte un amplio capítulo (el 8.3) en el que se fijan los principios-guía de política deportiva:
pasar de la práctica del deporte como privilegio de pocos a su fácil acceso por
parte de todos los ciudadanos; de un deporte contemplativo y alienante,
elemento a veces de manipulación, a una práctica deportiva factor de liberación
cultural y social, de progreso social; generalizar la educación física como
componente sustantiva de todo plan de enseñanza.
El deporte concebido como servicio público y, en consecuencia,
la necesaria democratización de las estructuras deportivas heredadas del
franquismo: desde las estrictamente administrativas hasta las las federaciones,
los clubes y otras; y la descentralización de su gestión, con especial
insistencia en el papel de los ayuntamientos en la gestión del servicio
deportivo en favor del ciudadano común; desvincular progresivamente los
presupuestos del deporte de la recaudación de las quinielas; dotar a los
centros docentes de instalaciones que permitan la práctica deportiva, procurar
la especialización de profesores en los niveles de enseñanza básicos y aumentar
el número de centros de rango universitario para la formación de titulados en Ciencias
de la Educación Física y el Deporte: todos
estos son objetivos programáticos que se desgranan, con algunos más, en aquella
Resolución de 1981.
Y al final de dicha Resolución se determina: "Es
importante la celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales
que supongan una oportunidad para mejorar la situación de los equipamientos
deportivos existentes para el uso de toda la población y para divulgar la
práctica de la actividad físico-deportiva.
En este contexto, y por estimar que responde al enfoque
expuesto, se respalda la iniciativa de los compañeros socialistas del
Ayuntamiento de Barcelona que están gestionando la posibilidad de que su ciudad
sea sede de los juegos olímpicos de 1992".
De este modo, en el XXIX Congreso del PSOE, ya en 1981 Barcelona '92 entró a formar parte de un gran proyecto político,
inicialmente del PSOE y luego, gracias al voto de la mayoría de los ciudadanos,
del Gobierno de España. Fue el gran marco de un gran éxito.
Desde diciembre de 1982 hasta enero de 1987 yo ocupé el cargo de Director General del Consejo Superior de Deportes
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